polo ralph lauren spain Legalidad y reserva de Ley Tributaria página 5

“OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. OBEDECEN A UN DEBER DE SOLIDARIDAD. El sistema tributario tiene como objetivo recaudar los ingresos que el Estado requiere para satisfacer las necesidades b de la comunidad, haci de manera que aqu resulte justo equitativo y proporcional, conforme al art 31, fracci IV, de la Constituci Pol de los Estados Unidos Mexicanos , con el prop de procurar el crecimiento econ y la m justa distribuci de la riqueza, para el desarrollo de los derechos tutelados por la Carta Magna. Lo anterior, en virtud de que la obligaci de contribuir elevada a rango constitucional tiene una trascendencia may pues no se trata de una simple imposici soberana derivada de la potestad del Estado, sino que posee una vinculaci social, una aspiraci m alta, relacionada con los fines perseguidos por la propia Constituci como los que se desprenden de la interpretaci conjunta de los art 3o. y 25 del Texto Fundamental, consistentes en la promoci del desarrollo social dando incluso una dimensi sustantiva al concepto de democracia, acorde a estos fines, encauz hacia el mejoramiento econ y social de la poblaci y en la consecuci de un orden en el que el ingreso y la riqueza se distribuyan de una manera m justa, para lo cual participar con responsabilidad social los sectores p social y privado. En este contexto, debe destacarse que, entre otros aspectos inherentes a la responsabilidad social a que se refiere el art 25 constitucional, se encuentra la obligaci de contribuir prevista en el art 31, fracci IV, constitucional, tomando en cuenta que la exacci fiscal, por su propia naturaleza, significa una reducci del patrimonio de las personas y de su libertad general de acci De manera que la propiedad tiene una funci social que conlleva responsabilidades, entre las cuales destaca el deber social de contribuir al gasto p a fin de que se satisfagan las necesidades colectivas o los objetivos inherentes a la utilidad p o a un inter social, por lo que la obligaci de contribuir es un deber de solidaridad con los menos favorecidos.”

2. Principios y fundamentos que rigen la reserva de ley tributaria.

Si bien como hemos venido observando, la reserva de ley tiene su fundamento en que a trav de la norma creada por el legislativo, como representante del pueblo, se establecer los tributos, esa facultad exclusiva no est exenta de sujeci a la ley fundamental, que establece la serie de requisitos formales para la creaci de las leyes, as como que ese proceso no sea violatorio de la misma.

De ah nacen los principios que rigen dicha figura, cuya finalidad es evitar la arbitrariedad o la discrecionalidad del legislador al crear la norma tributaria, especialmente al fijar aquellos elementos fundamentales, a saber: el establecimiento del hecho imponible; el sujeto activo beneficiado con el mismo; definici de los sujetos pasivos a cargo de quien corresponder la carga tributaria; los elementos cuantitativos del tributo como lo son base, tarifa, cuota, as como las exenciones; que como veremos mas adelante, solo pueden ser determinados por el legislador v una norma jur producto de un proceso legislativo que cumpla con las formalidades constitucionales requeridas.

La finalidad sustancial de dichos principios es el de dar certeza jur a los tributos, no solamente en el relativa al conocimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los particulares, sino en los requerimientos necesarios, que den validez jur a las normas creadas por el parlamento.

Por tanto, pasaremos lista de aquellos mas importantes que rigen la reserva de ley tributaria, dirigidos especialmente al aspecto del legislativo, detentador de la misma por obra del proceso Social Democr del actual Estado de Derecho.

2.1 El principio de juricidad.

Este se fundamenta en otro diverso, que identificaremos mas adelante como la seguridad jur en la creaci normativa.

Se define como el de sujeci de la ley a la Constituci basado en la supremac jer de las normas que se contienen en ella, por ser estas vinculatorias a todos los actos de los pertenecientes al Estado.

Esa jerarqu normativa necesariamente debe ser reconocida, pues de otra forma las autoridades no tendr un par que rigiera su actuaci inclusive el legislativo, pues bien podr darse el caso en los supuestos de las normas de car tributario, este autorizara mediante una Ley formal valida al ejecutivo para determinar elementos esenciales del tributo, que corresponde hacerlo mediante ley al legislativo, rompiendo con la eficacia de la reserva de ley.

Sobre el particular caso de la juricidad como un medio de control de la reserva de ley tributaria, cabe destacar los conceptos propios de Ram Valdez Costa[140]para quien conforme al dogma de la sumisi de los actos de los entes del Estado a la constituci especialmente la subordinaci de todas las normas jur a esta, la existencia de una ley, por si sola no es suficiente, sino que es necesario que se ajuste a los postulados que la carta magna de un pa establece, reconociendo las limitaciones constitucionales al poder tributario; cumpli as con el fin sustancial del principio de legalidad, a saber, la sujeci de los actos de los del Estado a la orden constitucional establecido.

Esta extensi del principio, que tiende a proteger al individuo contra la arbitrariedad legislativa, se haya vinculada, en lo que respecta a su efectividad, al control jurisdiccional de las leyes, cuya vigencia tuvo inicio en los Estados Unidos de Norteam nuestro pa ese control del legislativo que sujeta a la reserva de ley, se lleva a cabo a trav del juicio de garant a que se refieren los art 103 y 107 de la Constituci que pugna por la posibilidad de que el particular pueda reclamar, v amparo, una ley que sea contraria a la carta magna, lo que se avala con el contenido del art 114 fracci I, de la Ley Reglamentaria de dichos dispositivos constitucionales, que refiere la procedencia del juicio de merito contra leyes federales, locales, tratados internacionales, reglamentos y disposiciones de car general expedidos por el Presidente de la Rep y los Gobernadores de los Estados, con motivo de su sola expedici o de un acto de aplicaci siempre que se cause un perjuicio al gobernado.

Como muestra de lo anterior, citaremos a continuaci una serie de precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Naci que ha reconocido los efectos del principio de juricidad sobre la reserva de ley tributaria.

a) Impugnaci de inconstitucionalidad del proceso legislativo que rige la creaci de la ley, a que esta sujeto el legislador al crear el tributo.

Esta es una primera visi del control a trav de la juricidad, de la reserva de ley, puesto que permite impugnar una norma tributaria que no cumpla con los requerimientos constitucionales formales de su creaci de manera que todo defecto en el proceso legislativo creador de normas tributarias, esta expuesto al control constitucional.

Esto lo encontramos en la tesis que surgi al resolver el Pleno del Tribunal Judicial Cimero,
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el amparo en revisi 1334/98[141]promovido por Manuel Camacho Sol fallado el 9 de septiembre de 1999, por unanimidad de once votos, cuyo rubro y texto rezan:

“INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU EJERCICIO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO, POR FORMAR PARTE DEL PROCESO LEGISLATIVO. El art 71 de la Constituci establece los entes pol que cuentan con la potestad de iniciativa de leyes o decretos federales, as como la consecuencia inmediata que produce su presentaci en el proceso legislativo que regula el siguiente precepto. En relaci con este la Suprema Corte de Justicia de la Naci ha sostenido que los actos que lo integran constituyen una unidad indisoluble para efectos de su an por el juzgador de amparo, por lo que no pueden quedar subsistentes o insubsistentes de manera aislada, debido a que son esos actos instrumentales los que, en conjunto, otorgan vigencia a la ley, siendo que la impugnaci de los posibles vicios de inconstitucionalidad es reclamable no s del Poder Legislativo que la expidi sino tambi contra las autoridades que participaron en su promulgaci publicaci y refrendo del decreto promulgatorio respectivo. En consecuencia, debe concluirse que el ejercicio de iniciativa de leyes y decretos es susceptible de control mediante el juicio de amparo, por formar parte inicial y esencial del proceso legislativo, por cuanto a que es ah donde se propone al parlamentario su intervenci a trav de la predeterminaci de las normas jur que pueden o no ser aprobadas.”

Ese efecto jurisdiccional se vio m patente cuando dicho tribunal resolvi sobre la inconstitucionalidad del proceso legislativo que dio vida al impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, donde el tema gir en torno al defecto formal de su creaci al no haberse discutido en un primer momento en la C de origen, (Diputados), por ser un tema relacionado con el establecimiento de contribuciones, conclusi que evidencia, que si bien la autoridad legislativa tiene ese monopolio que le da la reserva de ley, este, por obra del principio de m pudo ser discutido y ser declarado inconstitucional, por no sujetarse al procedimiento ex profeso que la Constituci establece, todo lo cual aparece reflejado en la jurisprudencia firme del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci al fallar los amparos en revisi 255/2002, 310/2002, 400/2002, 433/2002 y 45872002[142]el 19 de noviembre de 2002.

“CONTRIBUCIONES. EL ART 8o. TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACI PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2002, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS, ES INCONSTITUCIONAL POR NO HABERSE DISCUTIDO PRIMERO EN LA C DE DIPUTADOS. De acuerdo con el art 72, inciso H), de la Constituci Pol de los Estados Unidos Mexicanos, la formaci de leyes que establezcan contribuciones deber discutirse primero en la C de Diputados, disposici que se encuentra reiterada en el art 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, el art 8o. transitorio de la Ley de Ingresos de la Federaci para el ejercicio fiscal de 2002, incorporado por la C de Senadores, que estableci un impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, resulta inconstitucional por no haberse observado el procedimiento antes indicado. Dicha violaci trasciende a la validez de la norma, porque se llev a cabo en contra del texto expreso de la disposici primeramente citada.”

b) Obligada definici de los elementos esenciales del tributo en la ley.

Es otro aspecto que tambi ha evidenciado el control de la reserva de ley a trav del principio de juricidad, que impide al legislador despojarse, mucho menos delegar a un ente diverso, aquellas facultades que se relaciona con la determinaci de los elementos esenciales del tributo, que obligan a su claridad y concreci de modo que no den oportunidad a la autoridad administrativa para actuar a su criterio en la definici de los mismos, excluyendo entonces los conceptos jur indeterminados[143]en esa materia.

As por dos jurisprudencias[144]la Suprema Corte de Justicia de la Naci dej plasmado ese control jurisdiccional sobre el uso de la reserva de ley tributaria, que contribuye a fortalecer el principio ya citado.

Los criterios judiciales susodichos dicen:

“LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACI CON EL GRADO DE DEFINICI QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. El principio de legalidad tributaria contenido en el art 31, fracci IV, de la Constituci Pol de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos de las contribuciones, con un grado de claridad y concreci razonable, a fin de que los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus obligaciones tributarias, m que su cumplimiento defectuoso tiende a generar actos de molestia y, en su caso, a la emisi de sanciones que afectan su esfera jur Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci trat de la definici de alguno de los componentes del tributo, ha declarado violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ah que el legislador no pueda prever f que representen, pr la indefinici absoluta de un concepto relevante para el c del tributo, ya que con ellos se dejar abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que generen la configuraci de los tributos y que se produzca el deber de pagar impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a t particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que debe contribuir al gasto p

“IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el art 31 constitucional, en su fracci IV, que son obligaciones de los mexicanos “contribuir para los gastos p as de la Federaci como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”, no s establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, est establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos p sino que tambi exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y de pago, est consignados de manera expresa en la ley, para que as no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a t particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relaci tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos p de la Federaci del Estado o Municipio en que resida.”

2.2 El principio de jerarqu normativa y congelaci de rango.

De similar concepci del anterior, al partir del principio de jerarqu normativa, es el que analizamos.

Esta idea aparece propuesta por Eduardo Garc de Enterr y Tom Ram Fern quienes el principio de m se localiza en la parte formal de la reserva de ley.

Sostienen que la reserva legal no est constituida exclusivamente sobre una base material, entendida como las materias reservadas a la ley por la constituci sino tambi sobre una base formal, como resultado de dos principios, el de jerarqu normativa y congelaci de rango.
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